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Anulación de la integración forzosa de APD y Matronas de CUPO

jueves, 15 diciembre, 2016

Adjunto se remite la sentencia no 183/2016, de 3 de noviembre, que ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias contra el artículo 10.4 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.


Dicho artículo introdujo en su día una disposición adicional 16a en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, que decía:


"Disposición adicional decimosexta. Integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas.


l. Los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y el resto del personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo, sin perjuicio de los derechos consolidados A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los procedimientos oportunos.


2. En caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse."


La primera cuestión que plantea el recurso es la idoneidad de la vía utilizada para esta reforma, a través de un Decreto-Ley, por considerar que no estaba justificada al no acreditarse la extraordinaria y urgente necesidad de la misma. Sin embargo, el Tribunal Constitucional entiende que no hay vulneración constitucional por cuanto


" ...la medida cuestionada no puede considerarse desconectada de los objetivos perseguidos por la norma de urgencia por cuanto con ella se busca reducir la diversidad de regulaciones del personal del Sistema Nacional de Salud, buscando una racionalización de los recursos humanos disponibles. "


Entrando en la cuestión de fondo, el Tribunal se detiene en examinar el contenido de la nueva disposición adicional 16a desde la perspectiva del régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.


Y concluye que el apartado 1, en la medida en que dispone una integración voluntaria del personal sanitario afectado, puede considerarse como legislación básica estatal, dentro de la materia correspondiente al régimen estatutario de los funcionarios públicos, y por tanto, mantiene su legalidad.


No ocurre lo mismo, a juicio del Tribunal Constitucional, con el apartado 2, porque impone una obligación a las Comunidades Autónomas que incide directamente en las competencias que les corresponden en relación con el desarrollo legislativo y la ejecución de las bases de dicho régimen estatutario en lo que se refiere a los funcionarios al servicio de la Comunidad Autónoma y al servicio de las corporaciones locales radicadas en su ámbito territorial, privándolas de todo margen de actuación, ya que carecen de libertad no ya para decidir sobre la procedencia de la medida sino incluso para disponer lo oportuno respecto al destino del personal que no haya adquirido la condición de personal estatutario fijo conforme al apartado primero. De ahí que señale que:


"Esta integración forzosa de funcionarios en ámbitos que no se relacionan con las habilidades y competencias que ostentan (pues no otra cosa es lo que determinaba su pertenencia a determinados cuerpos de funcionarios así como que realizasen su labor en el ámbito de los servicios autonómicos de salud), supone así una intromisión en la competencia autonómica sobre la gestión del personal a su servicio.


El Tribunal Constitucional falla Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 2 de la disposición adicional decimosexta de la, añadido por el art. 10.4 Esto se ha producido de acuerdo al recurso de inconstitucionalidad núm. 4530-2012 interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.


Por ello, el Tribunal Constitucional concluye su sentencia declarando la inconstitucionalidad y nulidad del mencionado apartado 2 de la disposición adicional decimosexta del Estatuto Marco, por lo que deberán ser las correspondientes Comunidades Autónomas las que establezcan el régimen de integración en tal supuesto.



by Dr. Radut.