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La nueva Ley de Servicios Profesionales será beneficiosa para el paciente, el profesional y el Sistema Sanitario

La futura Ley de Servicios Profesionales apuesta por la modernización de los colegios profesionales como órganos reguladores de sus profesiones y su adaptación a la realidad europea, algo que el sector venía demandando desde hace muchos años
martes, 15 enero, 2013

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, celebró esta mañana un encuentro con la prensa para realizar un análisis riguroso del actual Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales desde una perspectiva puramente sanitaria. De esta manera, se han explicado las importantes consecuencias que esta futura normativa va a tener para los pacientes, para la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria y para los propios profesionales sanitarios. Para González Jurado se trata de una apuesta por la modernización de los colegios profesionales como órganos reguladores de sus profesiones y su adaptación a la realidad europea, algo que el sector venía demandando desde hace muchos años. Así, ha señalado que con el actual proyecto normativo “ganamos todos: el paciente, en el caso de las profesiones sanitarias, porque van a estar muy protegidos sus derechos; el profesional, que se va a ver respaldado en sus buenas prácticas profesionales, y el propio sistema sanitario”.

González Jurado ha destacado que este anteproyecto ahonda en las bases que ya estableció en su día la Ley Ómnibus, que traspuso a nuestra legislación la Directiva de Servicios Profesionales de la Unión Europea. Según el nuevo Anteproyecto, en el ámbito sanitario se establece la colegiación obligatoria para todos aquellos profesionales que, ya sea en el sector público o privado, tengan un contacto directo con el paciente. Para González Jurado “no se podría hacer de otra manera, pues toda la legislación que se está poniendo marcha, tanto en España como en el ámbito europeo, lo que pretende es proteger a los usuarios”. 

Defensa de los pacientes
Para el presidente de los 250.00 enfermeros que trabajan en nuestro país, “en los últimos tiempos se está asistiendo a una auténtica revolución en el campo de la protección de los pacientes y de sus derechos frente a la asistencia sanitaria. Se trata de un hecho que venía siendo demandando por muchos colegios profesionales, incluyendo el propio Consejo General de Enfermería, como es que el interés principal de los colegios fuese la defensa de los intereses de los propios ciudadanos en cada sector, en lugar de la defensa de los intereses de los profesionales”. Así, la Ley Ómnibus de 2009 “ya introdujo el Servicio de Atención al Usuario, donde, ante cualquier queja o reclamación, automáticamente ha de abrirse un proceso que se puede materializar en una mediación, un arbitraje, la apertura de expediente disciplinario (con sanción o no al profesional) o una acción judicial. Con ello, los derechos de los pacientes quedan mucho más protegidos. De tal manera que se va migrando de una organización corporativista que defiende intereses gremiales, a una organización que defiende intereses generales”.

Con la nueva ley de servicios profesionales, de la que actualmente sólo ha trascendido un documento de posibles contenidos del anteproyecto, sin un articulado concreto, se está ahondando aún más en esa defensa de los ciudadanos dado que “el papel de los colegios profesionales debe garantizar tres cosas: la imparcialidad, la independencia y el secreto profesional, tal y como reflejaba la propia Directiva de Servicios Profesionales, modificando y modernizando, a su vez, la organización de los propios colegios profesionales. Disposiciones con las que el Consejo General de Enfermería no podía estar más de acuerdo”.

En palabras de González Jurado, “si el empleado depende exclusivamente del empleador, ¿quién defiende al paciente? Las normas de regulación del ejercicio profesional no las puede nunca regular el empleador; sólo las puede autorregular la profesión y nadie más que la profesión”. Debate importante, pues “el empleador, ya sea público o privado va a intentar adaptar el ejercicio de las profesiones a sus necesidades o intereses, algo que no va a hacer la propia profesión, que actúa en defensa del interés del paciente. Si al profesional se le intenta vulnerar su buena práctica, tiene la defensa de acogerse a su código deontológico o código de buenas prácticas. De esta forma que la colegiación obligatoria se convierte en instrumento esencial para la protección de las buenas prácticas en defensa de los intereses de los pacientes, hecho que puede colisionar en muchas ocasiones con el empleador”.

La futura ley de servicios profesionales, como en su día ya hiciera la Ley Ómnibus, establecerá asimismo que esta materia de la colegiación es competencia exclusiva del Estado. Por ello, “las comunidades autónomas no pueden legislar al respecto, pues la regulación de una profesión es de carácter estatal”. Además, en el caso de profesiones donde existe obligatoriedad de colegiación, son los colegios profesionales los que tienen la capacidad de representación exclusiva de la profesión. 

Separación de poderes y mediación
La nueva regulación que se va a tramitar introduce, por primera vez, una clara separación de poderes en los colegios profesionales. Separación que se ha solicitado desde el propio Consejo General de Enfermería, pues si bien el poder legislativo sí estaba reconocido como tal, a través de las asambleas generales, tanto de los colegios provinciales, como del propio Consejo General, el poder ejecutivo y el judicial confluyen en las juntas directivas o de gobierno, de las que dependen las comisiones deontológicas. “Las comisiones pueden abrir un expediente, pero no tienen capacidad ejecutiva de las decisiones que tomen, sino que deben ser adoptadas por la junta directiva, algo que resulta inaceptable hoy en día”.

Por su parte, la ley de mediación aprobada el año pasado ha considerado a los colegios profesionales como elemento de mediación y arbitraje. Establece que los mediadores deberán tener una formación complementaria, específica en el ámbito de la mediación, para ser especialistas en este ámbito. Desde el Consejo General de Enfermería, su presidente ha anunciado la puesta en marcha de “un máster de segundo ciclo de mediación en conflictos sanitarios, no sólo para la situación que se produce en el hospital o en el centro de salud, con pacientes y entre profesionales, sino para todas las quejas y reclamaciones que vengan al servicio de atención al paciente de nuestros colegios. Igual que está profesionalizada la asesoría jurídica, también queremos que esté profesionalizada la atención al paciente, de tal manera que al frente esté un mediador titulado”.

"Con el expediente generado por el servicio de atención al paciente, en el que se dará audiencia a todos los afectados por el proceso, la comisión deontológica tendrá capacidad para, independientemente de la junta directiva del colegio, adoptar la decisión que estime oportuna, desde la indemnización civil si procede, hasta la inhabilitación profesional o el sobreseimiento del caso”. Para González Jurado, todo ello supone un cambio radical con respecto a lo que sucede hoy en día, pues “se basa en que todos estén defendidos, que los derechos de pacientes y profesionales estén protegidos, mediante el estudio, el análisis, la investigación y la independencia en la  toma de decisiones”. 

Régimen de incompatibilidades
En los colegios profesionales de adscripción obligatoria se trataba de un tema fundamental. Así lo ha reconocido el presidente de los enfermeros españoles, afirmando que es una cuestión que ha sido solicitada desde la propia organización que él dirige. Así, ha señalado que “yo no puedo ser presidente de un colegio, y al mismo tiempo ser miembro de un consejo de administración de una compañía de aseguramiento, porque puedo tener que tomar decisiones en el ámbito de ordenación profesional y deontológico que pueden colisionar con los intereses que tiene esa compañía”. Lo mismo sucede con los directivos de una organización política o una organización sindical. En todos estos casos, para González Jurado la incompatibilidad “ha de ser totalmente rígida”.

Asimismo, ha señalado que, desde el Consejo General de Enfermería, se ha solicitado al Ministerio de Economía que, entre las incompatibilidades, se incluya también a los liberados sindicales “pues es una situación en la que se menoscaba el nivel de independencia claramente”. 

Recertificación
Otra de las cuestiones que, desde el Consejo General de Enfermería, se ha solicitado, es la inclusión de la recertificación obligatoria de los profesionales. “No puedo entender que por el mero hecho de tener un título profesional, ese título habilite para toda la vida. Mucho menos en ámbitos protegidos y regulados como son las profesiones sanitarias”, afirmaba González Jurado. “Es práctica habitual en Europa que, por cada cierto número de años, el profesional  tenga que demostrar que sigue siendo competente”. Se trataría del “simple mantenimiento de competencias a través de la práctica profesional y la formación continuada. Eso es lo que puede hacer que garanticemos que el profesional sigue manteniendo su competencia, pues es una obligación ética para con el paciente”.

Liberalización de las farmacias
Preguntado por la posible liberalización de las farmacias, contemplada en el anteproyecto de ley, González Jurado ha manifestado su intención de tratar el tema en la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva para remitir una carta de apoyo a la presidenta del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen Peña, pues, a su juicio, “si no es posible demostrar que liberalizar las farmacias realmente es beneficioso para los ciudadanos, para la economía y la competitividad -y no hay nadie que haya conseguido demostrarlo, teniendo en cuenta que se trata de un mercado “hiperregulado” en el que los precios los fija el Gobierno-, por qué cambiar un modelo que funciona, y que ha demostrado en sus cientos de años de existencia su eficiencia y su eficacia para el sistema”.

Privatización de la gestión
Preguntado por los actuales movimientos iniciados por algunas CC.AA para “privatizar” la gestión en la Comunidad de Madrid, González Jurado ha afirmado que “la gestión no es ni privada ni pública, es simplemente gestión. Lo que sucede es que los centros públicos no han tenido nunca esta capacidad. Como no se gestiona no se puede comparar un modelo con otro”. Así, ha recordado que “ningún gestor público tiene capacidad de generar contratación propia, ni por capacidad ni por necesidades. Eso no existe. Si tienen que autorizar un gasto de 17 euros, ahí no existe gestión posible”. En este sentido, González Jurado ha transmitido “la profunda preocupación existente por parte de los profesionales sanitarios sobre cómo va a ser el futuro modelo gestor” y la necesidad de “debatir esta cuestión” entre todos los agentes, sin caer simple y llanamente en el “sí o no”.

El Pacto de Estado ha vuelto a ser, una vez más, la solución propuesta por parte del presidente de los enfermeros españoles para salvar el sistema sanitario. “Hace falta despolitizarlo”, ha afirmado, debido a que “hay un desconcierto absoluto en estos momentos, con medidas distintas en uno y otro sitio y con profesionales hundidos y desmoralizados”. Esto provoca “un clima de desconfianza brutal” pero “dudo de que el sistema se haya deteriorado tanto como para perder la confianza de los ciudadanos”. Por eso González Jurado propone que “los dos grandes partidos hagan un ejercicio de responsabilidad y se sienten a hablar. Los profesionales estamos deseando ayudar, pero hace falta que haya un horizonte. No se pueden tomar medidas de cualquier manera que, además, no son coincidentes en ningún territorio”.

 


by Dr. Radut.