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El Tribunal Constitucional apuesta por los pacientes y ratifica la colegiación obligatoria en Andalucía

La sentencia establece que son las organizaciones colegiales las que tienen competencia con carácter exclusivo para ordenar las profesiones, en contraposición con el papel de empleadores de las CC.AA.
miércoles, 23 enero, 2013

 

Ha salido a la luz la primera sentencia del Tribunal Constitucional que falla a favor del Gobierno Central y en contra de la Junta de Andalucía con respecto a la Ley de Colegios profesionales, aprobada por esta última en 2001. Con esta norma, Andalucía decidió desmarcarse del resto de España y quiso establecer la libre colegiación de los profesionales que trabajaban para la administración pública argumentando erróneamente, tal y como ha establecido el TC ahora, que en dichos supuestos, la administración pública ya controlaba lo que eran y no eran buenas prácticas. Una afirmación que contravenía los intereses de pacientes y usuarios y caía por su propio peso puesto que la administración pública es el principal empleador de los profesionales y por tanto se convertiría en juez y parte.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional ha decidido estimar el recurso presentado por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en marzo de 2002 y declara la "inconstitucionalidad y nulidad" de la disposición aprobada por la Junta de Andalucía para que no sea exigible este requisito de colegiación, por tratarse de una competencia perteneciente al Estado. 
 

Beneficio para los pacientes


El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha mostrado su satisfacción ante esta resolución del alto tribunal y ha afirmado que la sentencia “más que para los colegios supone una gran noticia que beneficiará a los ciudadanos porque implica la tranquilidad y la garantía de que las prácticas enfermeras y médicas se van a hacer con los mismos criterios en todo el territorio nacional, lo que va a proporcionar una mayor equidad dentro del Sistema Nacional de Salud”. Además, va a garantizar que “no va a haber paraísos de malas prácticas, porque donde no se pueden controlar las malas prácticas se produce o puede producir el abuso, el no cumplimiento de las normas de la profesión, el intrusismo profesional...”.

González Jurado destaca especialmente la gran trascendencia que tiene esta resolución del Tribunal Constitucional para la calidad asistencial, puesto que el ponente viene a dejar muy claro que ni las comunidades autónomas “ni el Gobierno central no tienen competencia alguna para regular las profesiones”. Así el TC establece que sí es competencia Gobierno Central establecer qué profesiones deben tener colegiación obligatoria pero, una vez decididas cuáles son, serán estas propias profesiones las que se autorregulen y establezcan sus buenas prácticas y su deontología.

La determinación del Constitucional supone un importantísimo espaldarazo a las propias profesiones puesto que viene a poner fin al intento autonómico de asumir competencias que no le corresponden y establecer regulaciones dispares en cada una de las 17 autonomías. En este sentido, González Jurado destaca que una profesión no se puede fragmentar: “La ordenación de la profesión no puede estar fragmentada ni el cumplimiento de las normas de la profesión puede estar fragmentado porque esto perjudica enormemente a los pacientes, a los usuarios y a los profesionales y sin embargo no beneficia a nadie”.

La sentencia del Tribunal Constitucional viene a establecer que las administraciones sólo tienen potestad como meros empleadores estrictamente en el ámbito laboral, mientras que son los colegios profesionales quienes tienen la exclusividad en la ordenación de las profesiones y en el cuidado del cumplimiento del código deontológico. 

Cabe señalar que, de todo esto, el mayor beneficiado va a ser el paciente, ya que con la sentencia del Tribunal Constitucional se apuesta por garantizar las buenas prácticas, la calidad asistencial y la seguridad de las personas.



by Dr. Radut.