La sanidad gallega cuenta con un protocolo de actuación ante casos sospechosos de sumisión química

Galicia cuenta ya con un protocolo unificado de actuación ante casos sospechosos de sumisión química en su sistema sanitario. Así lo destacó la conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, tras su encuentro con el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, que le trasladó un documento ya remitido a las siete áreas sanitarias para comenzar a funcionar de inmediato pero que estará sujeto a permanente revisión y actualización con las aportaciones que se reciban.

Dicho documento será trasladado al Observatorio Galego da Violencia de Xénero, para que su contenido sea trasladado a sus miembros y sea sometido a alegatos. En este Observatorio participan, además de diversos departamentos de la Xunta, representantes de la Delegación del Gobierno, de la FEGAMP, del Tribunal Superior de Xustiza, de la Fiscalía Superior, de asociaciones de mujeres, de organizaciones sindicales y empresariales y de colegios profesionales como los de abogacía, psicología, trabajo social o educación social.

El protocolo elaborado por el Sergas tomó como base lo que se había realizado con anterioridad en el servicio de urgencias del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, sistematizándolo, adaptándolo la un formato común para todas las áreas sanitarias y extendiéndolo también a la atención primaria.

En concreto, el protocolo define las sustancias más habituales en los casos de sumisión química y los indicadores de sospecha que deberá tener en cuenta el personal sanitario tanto de atención primaria como de urgencias hospitalarias, indicando siempre la derivación la estas últimas en el caso de sospecha. Dentro de los servicios de urgencias, el protocolo define los motivos de consulta que deben registrarse en la historia clínica durante lo proceso de triaje y realiza recomendaciones como la realización de la anamnese (preguntas al paciente) en un box cerrado y de la exploración física ante testigos tanto sanitarias como, si así lo había querido la persona afectada, de sus acompañantes.

Finalmente, el protocolo realiza las pruebas diagnósticas y toxicológicas a realizar ante este tipo de casos, tanto para detectar consecuencias clínicas de la sumisión química como para descubrir las sustancias empleadas en el presunto delito. En este último caso, el documento indica los marcadores a realizar a la hora de la petición de estas pruebas mediante el sistema de historia clínica electrónica y define los procedimiento médico legal para, tras la correspondiente denuncia, recoger estas muestras y garantizar una cadena de custodia en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Por último, el protocolo establece la necesidad de extender un parte de lesiones en todos los casos y marca unas pautas de seguimiento clínico posterior para, según las circunstancias del caso, proceder a la profilaxis ante posibles infecciones o a la derivación a unidades de salud mental o de trabajo social para apoyo a la víctima.

Aumento de casos

La exposición de motivos del protocolo define la sumisión química y destaca que el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado en los últimos años un aumento de los casos de agresiones sexuales en situaciones de abuso de alcohol y de otras drogas y también de uso intencional de sustancias químicas. En estos casos a víctima suele ser una mujer nueva, habitualmente menor de 30 años, mientras que el agresor suele ser un hombre que, en un alto porcentaje de los casos (ata en el 70%), es un conocido de la víctima.

El protocolo identifica como drogas habituales en estos casos aquellas sustancias solubles en un medio acuoso que no suelen dar olor, sabor o color a la bebida en la que se emplean, que son efectivas a dosis bajas y que tienen efectos inespecíficos que puedan confundirse con una intoxicación etílica o una enfermedad, y así no levantar sospechas.

Estas drogas pueden ir desde las benzodiacepinas hasta alcaloides como la burundanga, analgésicos como la ketamina o el fentanilo, pasando por barbitúricos como el éxtasis líquido (GHB) o opiáceos, LSD y otros derivados alucinógenos. Todas ellas producen una afectación del estado de conciencia de forma relativamente rápida y prolongada y ocasionan un mayor o menor grado de amnesia que puede llevar a la víctima a dudar sobre la existencia de una agresión sexual y que, en todo caso, dificultan su capacidad de acercar datos y detalles.

Ante estas situaciones, el objetivo de este protocolo es sistematizar la sospecha, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las víctimas y coordinar las actuaciones entre la sanidad pública y los servicios policiales y judiciales para asegurar el correcto tratamiento de la víctima y facilitar la persecución del delito.


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